Colombia. La universidad pública Late a corazón abierto

Edición Nro.: 84

Por: Carlos Gutiérrez

En Colombia, la Universidad poco potencia al país. El Gobierno no puede ocultar la inexistencia de un proyecto nacional de desarrollo por vía propia, una cobertura universitaria apenas del 35,5 por ciento, con una tasa de deserción del 48, un déficit presupuestal que la hace inviable, y la inocultable separación entre ciencia, desarrollo y educación. En ese marco, una treintena de centros superiores de educación atraviesan por una penosa situación, según expresaron sus propios rectores. La síntesis de su diagnóstico es unívoco e inequívoco: con la política al mando en el Ministerio de Educación, las universidades no dan más. Están asfixiadas y colapsadas. Pero el silencio oficial se rompió.
Con un efecto acusatorio, la juventud, el profesorado y las directivas universitarias colmaron el centro de Bogotá. Y en la Plaza de Bolívar, en su derecho de manifestación y como mecanismo de presión, se concentraron el pasado 20 de octubre frente al Congreso para que éste variara su insensibilidad y aprobara los recursos de funcionamiento que necesita la universidad pública. Ese día, los manifestantes lograron que su voz y su denuncia sobre la real situación de sus centros de estudio se conocieran en el país. Con el afán de neutralizar los efectos de la protesta universitaria, ese mismo 20 de octubre Óscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda, le aseguró a la opinión pública que “uno de los grandes ganadores de la discusión del Presupuesto 2010 son las Universidades Públicas, pues dispondrán de 160 mil millones de pesos de recursos adicionales para el próximo año” (1). Sobre el particular, Carlos Ossa Escobar, rector de la Universidad Distrital, aclaró: “Tal anuncio es engañoso, pues no se deben confundir las transferencias para las universidades con los presupuestos asignados a instituciones como Colciencias o el Icetex”; además, los recursos que le llegaban al ICFES para fomento eran detraídos del presupuesto de las universidades, por lo que no se trata de un aumento sino de dejar de hacer un descuento. Asimismo, las medidas no responden a la problemática estructural del financiamiento, que, como se sabe, deja un déficit acumulado de más de medio billón de pesos entre 1993 y 2008 (2). El tema no es nuevo. Con motivo de la reforma a la Ley de Transferencias (Acto legislativo 01, junio de 2001, prorrogada con el Acto Legislativo 04, de junio de 2007) se advirtió sobre sus nocivas consecuencias para la sostenibilidad de la educación en todos los niveles. En aquella ocasión, fueron los estudiantes y los docentes quienes insistieron en el desfase económico ya acumulado, pero también, en el progresivo e imparable deterioro de las finanzas de sus centros de estudio y de trabajo. El reclamo y la protesta fueron presentados en su ocasión como innecesarios, irrelevantes o errados; varias universidades –como forma de quebrar la protesta estudiantil– cerraron sus claustros por días o semanas. Sin embargo, el tiempo pasó y el tema vuelve, ahora como avalancha. La historia lo ratifica: quienes advirtieron en aquellas ocasiones sobre el resultado adverso de los actos legislativos tenían toda la razón.

Un hecho paradigmático, la quiebra de la Universidad del Atlántico, con un pasivo pensional y prestacional de 121 mil millones de pesos, ya hacía evidente la situación de otros centros de educación superior. No pasó mucho tiempo para que, y como una consecuencia obvia, la Universidad del Magdalena hiciera sentir su sirena de alarma, que no tardaron en activar también las de Pamplona, el Valle, Caldas, Cauca, hasta llegar a la más importante del país: la nombrada Universidad Nacional. Esta institución, arbotante de nuestra cultura, si todo continúa así, está prácticamente obligada a cerrar sus programas en un cercano 2011 (3). Ahora se conoce que el faltante, derivado de los gastos de personal –para el conjunto de universidades–, supera los 469 mil millones de pesos con corte a diciembre de 2007, en pesos del mismo año (4), deuda del alto gobierno que éste pretende endorsarles a los propios centros de estudio.

El déficit presupuestal refleja una parte de la crisis. Su base tiene una de las raíces en la Ley 30 de 1992, por medio de la cual se determinó que los aportes de la Nación debían crecer cada año de acuerdo con el IPC, sin tener en cuenta el valor real de la oferta educativa pública, que se ha multiplicado de manera sustancial en los últimos años, pasando de 200 mil estudiantes matriculados en 1992 a más de 500 mil en 2009. Tal déficit se incrementa, por demás, como reflejo de las menores partidas transferidas desde el gobierno central (5) pero también por efectos del Decreto 1279 de 2002 (6). Otra parte de la crisis –no menos grave– radica en la transformación del sentido y la misión de la Universidad.

Ahora, producto de la orientación a la cual el Estado le obliga, así como del déficit acumulado en sus finanzas, la universidad pública está condicionada a concentrarse en la venta de servicios para garantizar su autofinanciación –centro público, pero sin suficiente financiación estatal. De ahí que buena parte de sus instalaciones, su experiencia acumulada, y su inteligencia deba dedicarse –para poder mantener las puertas abiertas– a la gestión comercial. Un emprendimiento que es parte sustancial de la evaluación a la que debe someterse a la hora de solicitar el presupuesto ante los ministerios correspondientes. Ahora, según la política educativa en boga, se requieren eficiencia y eficacia. Debe producir.

Entonces, la Universidad ya no cumple como un centro de estudios al cual deban llegar todos aquellos jóvenes colombianos que así lo deseen y cursen los estudios previos requeridos. Sueño de muchos padres y sus hijos, logro de pocos, cada vez más distante de las mayorías por el incremento en el valor de las matrículas, la penuria que afecta a la mayoría de los hogares y el desmonte del componente sustancial del bienestar universitario. Pero, también, cada vez más mediocre en el desempeño de sus funciones por la generalización de los profesores hora cátedra, la reducción de los ciclos académicos, el desestímulo del debate político, la persecución de la disidencia, y asimismo por ausencia de un proyecto nacional y soberano –con vocación de unidad continental–, de justicia y libertad. Todos estos aspectos son otras tantas manifestaciones de la crisis que ahora se minimiza tras el déficit presupuestal.

Estamos ante un mal o una emergencia que late a corazón abierto y que en los últimos años se manifestó en la Universidad Nacional, por ejemplo, a través de reformas académicas, administrativas y disciplinarias (7) que propiciaron durante varios años el rechazo de los educandos contra un proyecto de Universidad que minimiza la autonomía estudiantil, al hacer de la participación una simple formalidad que no va más allá del consentimiento excluyendo a los estudiantes, en la práctica, de la construcción de comunidad académica. Son reformas que acondicionan al centro de estudios (característica común para todos estos estamentos públicos) a las demandas del mercado, transformando al estudiante en un cliente (comprador de un producto), y a la universidad en una empresa que oferta y entrega ese producto a quien pueda adquirirlo. No sin razón, preocupado por la asfixia financiera y la actual misión de las universidades, Fernando Noreña, rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, enfatizó: “O nos volvemos empresas de consultoría o nos dedicamos a la educación”, preocupación ésta que sitúa en el centro de la crisis que conmociona a estos centros de estudio, y ante la cual la sociedad en pleno debe actuar y expresarse.

No tiene explicación, por tanto, que en la actualidad, en medio de una sociedad del conocimiento, el Estado, como expresión de todos los colombianos sin distingo alguno, renuncie a proteger, estimular y financiar la existencia y la cualificación de la Universidad, olvidando su misión de cultivar, profundizar y desarrollar a cabalidad la memoria, la ciencia y el saber. En una reflexión que traduce la trascendencia de la educación y su papel social, el rector de la Universidad Autónoma de México precisa: “Sin ciencia propia, sin un sistema de educación superior vigoroso y de calidad, una sociedad se condena a la maquila, a la medianía en el desarrollo” (8). Y en nuestro caso, además, a impedir una renovación del poder sin la cual las secuelas del conflicto se prolongan.

1 Ver comunicado de prensa: “Congreso de la República aprobó Presupuesto para 2010”. www.minhacienda.gov.co.
2 Ossa Escobar, Carlos. “La crisis financiera de la Universidad Pública”, miércoles 21 de octubre de 2009. www.universidad.edu.co. Observatorio de la Universidad Colombiana.
3 Así lo precisó la vicerrectora Beatriz Sánchez. www.cambio.com.co.
4 Ossa Escobar, Carlos, op. cit.
5 De acuerdo con el Contralor General de la República, las transferencias del Gobierno a las universidades públicas llegaban en el año 2000 a 1,73 billones de pesos; a precios de 2009, apenas alcanzan 1,6 billones. Ver Ramírez, Gloria Inés, www. polodemocraticoalternativo.net.
6 Este decreto “generó un mecanismo explosivo sobre los gastos por cuenta del reconocimiento de la calidad y la producción de los docentes y por la remuneración a los cargos administrativos ejercidos por ellos. Adicionalmente, los gastos en seguridad social y las condiciones de igualdad para los docentes ocasionales, frente a los de planta, han presionado la estructura de gastos de personal”. Ossa Escobar, Carlos, op. cit.
7 Le Monde diplomatique Nº 69, julio de 2008, p. 3.
8 Palabras de José Narro al recibir a nombre de la Unam el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. www.lajornada.unam.mx.

* Director Le Monde diplomatique, edición Colombia.