Comité de promotores del referendo por el derecho humano al agua
Octubre 7 de 2009
La corte reconoce el mínimo vital
Cuando se aproxima la discusión del texto original del referendo en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes y ha sido convocada una Audiencia Pública para el 28 de Octubre próximo, por la misma Comisión, tres hechos recientes nos dan nuevamente la razón.
El primero es la sentencia proferida por la Corte Constitucional (T546/09), mediante la cual se establece que: “A juicio de la sala, no en todo caso de incumplimiento es válido suspender los servicios públicos domiciliarios, en el sentido de cortar totalmente el suministro de los mismos. Si el incumplimiento es involuntario u obedece a una fuerza insuperable; si, además, el domicilio a que se destinan está habitado por personas que merecen una especial protección constitucional; si el servicio es de aquellos indispensables para garantizar otros derechos fundamentales como la vida, la igualdad, la dignidad o la salud; y si, por último, se dan las condiciones establecidas en la ley para la suspensión, lo que debe suspenderse es la forma de prestar el servicio público. Es decir, debe cambiar la forma en que se suministra el servicio y ofrecerle al destinatario final unas cantidades mínimas básicas e indispensables, en este caso, de agua potable” (las negrillas son nuestras).
Si tenemos en cuenta que en Colombia, cuatrocientas mil familias, en promedio, ven anualmente suspendido su servicio de acueducto por falta de pago. Debido a que de la gran mayoría de esos hogares forman parte niños y niñas, u otras personas vulnerables, nos damos cuenta que las condiciones puestas por la Corte, aparentemente excepcionales, son pan de cada día para millones de colombianos y colombianas. La Corte acepta también que se suministre un mínimo vital a quienes no pueden pagar el servicio, que por las condiciones que llevan al no pago no podría ser sino gratuito. Teniendo en cuenta las condiciones de pobreza que afectan a más del 70% del pueblo colombiano ¿no sería mejor establecer, de una vez por todas, el mínimo vital gratuito como garantía del derecho humano fundamental al agua potable, que la Corte misma reconoce? Es precisamente esto lo que se pretende con el Referendo por el Derecho Humano al Agua.
Entre tanto, crecen los problemas vinculados a la gestión de empresas privadas multinacionales en relación con el agua. Desde finales del año anterior el Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, denunciaba que: “La Triple A es el peor negocio… no recibimos un peso de regalías, no nos pagan por el usufructo de las redes de agua y alcantarillado que son de todos los barranquilleros”, dijo el alcalde al respecto en declaraciones publicadas en La República el 27-11-08. La Triple A tiene la concesión del acueducto de Barranquilla. Esta empresa privada es dominada por Aguas de Barcelona, a través de Inassa, de la cual también es accionista Fidugan. Más recientemente, en la penúltima semana de septiembre, se produjo el corte de agua mas prolongado de los últimos catorce años en Cartagena por daños en la tubería a cargo de la empresa privada, ACUACAR. Según la empresa se investiga si la responsabilidad es de un contratista o de: ¡la naturaleza! pues la zona donde se produjo el daño en el tubo conductor es “baja, pantanosa, con muy escaso drenaje” (Ver declaraciones en El Universal, 21 de Septiembre de 2009).
Los dos casos anteriores son paradigmáticos de la gestión de la empresa privada que busca, naturalmente, la mayor utilidad con la menor inversión posible. Se demuestra así que un bien común y público como el agua solo puede administrarse en la esfera de lo público, garantizando la participación ciudadana, el control social y la transparencia.
Finalmente, aparecen los primeros descalabros de los tan publicitados Planes Departamentales de Agua, presentados como modelo de eficiencia y alternativa a la corrupción. La Procuraduría encontró irregularidades en el gasto de $22.347 millones de pesos del Plan Departamental del Magdalena, donde un contratista abandonó una de las obras, mientras que otro entregó incompleta la que le correspondía, según lo relata la información publicada en el periódico EL TIEMPO del pasado 26 de Agosto.
Ha transcurrido casi un año desde que presentamos los más de dos millones de firmas que apoyan el referendo al Congreso. Desde entonces los hechos confirman que teníamos razón. Esperemos que en esta nueva etapa, próxima a iniciarse en la Comisión Quinta de la Cámara, los Representantes miren de frente la realidad y se decidan a permitir que el Pueblo Colombiano se pronuncie.
El primero es la sentencia proferida por la Corte Constitucional (T546/09), mediante la cual se establece que: “A juicio de la sala, no en todo caso de incumplimiento es válido suspender los servicios públicos domiciliarios, en el sentido de cortar totalmente el suministro de los mismos. Si el incumplimiento es involuntario u obedece a una fuerza insuperable; si, además, el domicilio a que se destinan está habitado por personas que merecen una especial protección constitucional; si el servicio es de aquellos indispensables para garantizar otros derechos fundamentales como la vida, la igualdad, la dignidad o la salud; y si, por último, se dan las condiciones establecidas en la ley para la suspensión, lo que debe suspenderse es la forma de prestar el servicio público. Es decir, debe cambiar la forma en que se suministra el servicio y ofrecerle al destinatario final unas cantidades mínimas básicas e indispensables, en este caso, de agua potable” (las negrillas son nuestras).
Si tenemos en cuenta que en Colombia, cuatrocientas mil familias, en promedio, ven anualmente suspendido su servicio de acueducto por falta de pago. Debido a que de la gran mayoría de esos hogares forman parte niños y niñas, u otras personas vulnerables, nos damos cuenta que las condiciones puestas por la Corte, aparentemente excepcionales, son pan de cada día para millones de colombianos y colombianas. La Corte acepta también que se suministre un mínimo vital a quienes no pueden pagar el servicio, que por las condiciones que llevan al no pago no podría ser sino gratuito. Teniendo en cuenta las condiciones de pobreza que afectan a más del 70% del pueblo colombiano ¿no sería mejor establecer, de una vez por todas, el mínimo vital gratuito como garantía del derecho humano fundamental al agua potable, que la Corte misma reconoce? Es precisamente esto lo que se pretende con el Referendo por el Derecho Humano al Agua.
Entre tanto, crecen los problemas vinculados a la gestión de empresas privadas multinacionales en relación con el agua. Desde finales del año anterior el Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, denunciaba que: “La Triple A es el peor negocio… no recibimos un peso de regalías, no nos pagan por el usufructo de las redes de agua y alcantarillado que son de todos los barranquilleros”, dijo el alcalde al respecto en declaraciones publicadas en La República el 27-11-08. La Triple A tiene la concesión del acueducto de Barranquilla. Esta empresa privada es dominada por Aguas de Barcelona, a través de Inassa, de la cual también es accionista Fidugan. Más recientemente, en la penúltima semana de septiembre, se produjo el corte de agua mas prolongado de los últimos catorce años en Cartagena por daños en la tubería a cargo de la empresa privada, ACUACAR. Según la empresa se investiga si la responsabilidad es de un contratista o de: ¡la naturaleza! pues la zona donde se produjo el daño en el tubo conductor es “baja, pantanosa, con muy escaso drenaje” (Ver declaraciones en El Universal, 21 de Septiembre de 2009).
Los dos casos anteriores son paradigmáticos de la gestión de la empresa privada que busca, naturalmente, la mayor utilidad con la menor inversión posible. Se demuestra así que un bien común y público como el agua solo puede administrarse en la esfera de lo público, garantizando la participación ciudadana, el control social y la transparencia.
Finalmente, aparecen los primeros descalabros de los tan publicitados Planes Departamentales de Agua, presentados como modelo de eficiencia y alternativa a la corrupción. La Procuraduría encontró irregularidades en el gasto de $22.347 millones de pesos del Plan Departamental del Magdalena, donde un contratista abandonó una de las obras, mientras que otro entregó incompleta la que le correspondía, según lo relata la información publicada en el periódico EL TIEMPO del pasado 26 de Agosto.
Ha transcurrido casi un año desde que presentamos los más de dos millones de firmas que apoyan el referendo al Congreso. Desde entonces los hechos confirman que teníamos razón. Esperemos que en esta nueva etapa, próxima a iniciarse en la Comisión Quinta de la Cámara, los Representantes miren de frente la realidad y se decidan a permitir que el Pueblo Colombiano se pronuncie.
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