Por Rafael Colmenares Faccini
Director Ejecutivo Ecofondo.
I.- INTRODUCCIÓN
La relación entre agua y ciudad es determinante para la sostenibilidad no solo de esta última sino del territorio que la sustenta, si entendemos que dicho territorio es estructurado por una trama de ecosistemas de los cuales la ciudad hace uso y afecta de diversas maneras. Sin embargo, es frecuente que aquella relación no sea comprendida cabalmente por la falta de conciencia sobre el carácter agotable y limitado de los recursos y, de otra parte, por la ceguera ante las consecuencias de las actividades urbanas en el mismo entorno regional del cual toma los recursos y en las regiones contiguas.
Para decirlo con palabras de Jeremmy Rafkin, Presidente de la Fundación sobre las Tendencias Económicas, de Washington, al llamar la atención sobre el 2007 como el año en que por primera vez en la historia la mayor parte de la humanidad habita en ciudades: “La otra cara de la urbanización es la estela que dejamos en nuestro camino hacia un mundo de edificios de oficinas de 100 plantas, torres de viviendas y paisajes de cristal, cemento, luz artificial e interconectividad eléctrica. No es casualidad que mientras celebramos la urbanización del mundo, nos aproximemos rápidamente a otro hito histórico: la desaparición de la naturaleza. El crecimiento de la población y el consumo de comida y agua, la ampliación de las carreteras y los ferrocarriles, y la expansión urbana siguen invadiendo la Naturaleza y la abocan a la extinción”.
Sin embargo, es necesario reconocer que en los últimos quince años viene aumentando la comprensión de la compleja relación entre ciudad y entorno natural, entre culturas y ecosistemas gracias a la confluencia de diferentes procesos tales como la emergencia de movimientos ambientalistas urbanos, la creciente sinergia entre dichos movimientos y los de usuarios de servicios públicos, de algunos sectores del sindicalismo, de pobladores urbanos y las organizaciones indígenas y afrodescendientes, y en no escasa medida por la importancia que la Ley 99 de 1993 otorgó a la gestión ambiental urbana, expresada en la conformación de entidades con diversos grados de autonomía encargadas de dicha gestión. A lo anterior no ha sido ajena la gran labor desarrollada por el Consejo Territorial de Planeación de Bogotá.
Sin pretender convertirme en vocero de los anteriores movimientos e instituciones, recojo en los comentarios que hago a continuación algunos de los criterios, críticas, elaboraciones y propuestas que desde ellos se han desarrollado y por eso comienzo por agradecer la colaboración que tuve de varias de las personas vinculadas a tales espacios en la elaboración de este documento.
Para abordar entonces la difícil y compleja relación entre agua y ciudad, a propósito del desarrollo de Bogotá y advirtiendo que al referirme al “agua”, más que en el líquido como tal, estoy pensando en el ciclo hidrológico y en los ecosistemas que le sirven de soporte y a la vez lo moldean, desarrollo el tema alrededor de tres sencillas preguntas: ¿de dónde viene el agua que usamos en la ciudad?, ¿cómo y en qué la usamos? y ¿en qué estado la devolvemos a la región?.
II.- UNA CIUDAD EN BUSCA DEL AGUA.
Bogotá, ubicada a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, cuenta, sin embargo, con abundantes fuentes de agua, relativamente cercanas a la ciudad; lo cual no es frecuente en establecimientos urbanos construidos a tal altura, los cuales son por demás escasos en el planeta. A medida que la población de la ciudad fue creciendo las fuentes de agua fueron siendo sustituidas. Así los ríos San Francisco y San Agustin que la surtieron inicialmente, fueron reemplazados hacia 1933 por el Tunjuelito, cuyas aguas se embalsaron en La Regadera; la ciudad contaba entonces con 300.000 habitantes aproximadamente. En 1959, con una población cercana al millón y medio de habitantes, se comenzaron a utilizar las aguas del río Bogotá, mediante la construcción de la Planta de Tratamiento de Tibitoc, ubicada en jurisdicción de Zipaquirá. A mediados de la década del 60, con una visión de ciudad a futuro que el Plan Maestro de Alcantarillado estimaba en 5.000.000 de habitantes para 1980, se iniciaron los estudios que condujeron en la construcción del sistema Chingaza que implicó el primer trasvase de aguas que vierten hacia una cuenca diferente a la que sirve de asiento a la ciudad. Para ello se utilizaron aguas del río Guatiquía, que pertenece a la cuenca del Orinoco.
Lo anterior significa que el crecimiento poblacional ha determinado un incremento progresivo de la intervención en el territorio para poner sus aguas al servicio del crecimiento urbano, señalando de paso los límites de dicho crecimiento.
Bogotá cuenta actualmente con un sistema de abastecimiento con una capacidad total de oferta estimada en el POT en 25 M3/seg y conformado por el sistema del río Tunjuelo con un caudal regulado de 1 M3/seg, el sistema del río Bogotá (planta Tibitoc) con un caudal regulado de 10,5 M3/seg y el sistema Chingaza con una capacidad de 13,5 M3/seg de caudal regulado .
En 1993, la ciudad se encaminaba hacia una mayor captación de agua, ampliando su intervención en la cuenca orinoquense mediante la construcción de Chingaza II y el aprovechamiento del Macizo del Sumapaz. Además, se planeaba el aprovechamiento adicional del río Tunjuelo mediante la construcción de la Regadera II y la utilización de aguas subterráneas.
La disminución de los consumos, que pasaron de 70 M3 por usuario en la década del 80 a 40 M3 en 1996 y la emergencia presentada en el sistema Chingaza a mediados de los noventa, que indujo a la población al ahorro del agua, han aplazado los planes de expansión. La población de Bogotá, según el último censo, asciende a 6.840.116 habitantes, cifra inferior a la proyectada y, aunque la tasa de crecimiento poblacional sigue siendo superior a la del resto del país, los supuestos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial parecen cumplirse. Según estos “… se espera que un nuevo proyecto de abastecimiento debe entrar en operación en el año 2010, manteniendo el criterio de que debe darse cuando se alcance el 0,90 de la oferta de agua”. Si se presenta lo que el POT denomina “escenario bajo”, es decir, un crecimiento poblacional menor al esperado, las obras de expansión podrían aplazarse hasta el 2017. Estas proyecciones incluyen a los municipios actualmente atendidos por la EAAB, los cuales representan el 11% de la demanda.
En relación con el uso de aguas subterráneas como fuente de abastecimiento para la ciudad, posibilidad contemplada en algunos momentos, debe tenerse en cuenta que según el Profesor Thomas Van Der Hammen, al realizar el balance global anual de agua en la cuenca alta del río Bogotá, la cantidad de agua que se infiltra es de solo 10 Mm3 y que en consecuencia, según el mismo científico: “Si este valor es correcto, la extracción actual de agua subterránea sería mucho mayor que la recarga, unas 4 ó 5 veces, lo que significará una explotación no sostenible. El descenso fuerte del nivel de agua subterránea parece confirmar esta conclusión” .
A lo anterior habría que añadir que, según el DAMA, “aunque hay una gran cantidad de agua subterránea almacenada en los Acuíferos de Santa Fe de Bogotá, la recarga es únicamente del orden de 1 M3/s. Los inventarios actuales dan también un caudal de bombeo del orden de 1 M3/s. Es decir que, a nivel regional de la ciudad y alrededores, aproximadamente se está utilizando lo que se está recargando en forma natural” . Por consiguiente, incrementar los niveles de extracción de agua subterránea ya existentes sería caminar hacia un balance desfavorable lo cual agravaría la situación planteada por Van Der Hammen para el conjunto de la Sabana.
Sin embargo y de acuerdo con lo anterior, Bogotá ha escapado, en los últimos años, a las situaciones más agudas de la espiral crecimiento – demanda, lo cual no significa que la tendencia a intervenir ecosistemas cada vez más lejanos y a realizar inversiones progresivamente más cuantiosas para sostener el crecimiento urbano no se cumplan para esta ciudad. Habría que calcular el impacto que las intervenciones ya realizadas han tenido sobre estos ecosistemas, en particular sobre la cuenca del Orinoco y los que se producirán en el futuro en relación con esta cuenca y con el Páramo de Sumapaz, el ecosistema más grande del mundo en su género.
Lo aconsejable desde el punto de vista de la sostenibilidad sería repensar el desarrollo de la ciudad en relación con la región, teniendo en cuenta la fuerte tendencia a la concentración de actividades en ella; pero esta reflexión seguramente será objeto de otro de los documentos que forman parte de este Foro y por tal razón no avanzo en la misma.
III.- LA TARIFA DE AGUA MÁS COSTOSA DEL PAÍS Y UNA DE LAS MÁS ELEVADAS DE AMÉRICA LATINA.
El 30 de enero del presente año se hizo público un estudio de Proexport, según el cual el valor del M3 de agua en Bogotá ascendía a $1.816, mientras que en otras ciudades, como Cali, su valor es de $992,80; en Medellín, $ 983,00; en Barranquilla, $1.207,00; en Cartagena, $ 1.312,00; en Cúcuta, $ 845,00; y en Bucaramanga, $829,00.
De otra parte, ya la Contraloría General de la República había advertido en el año 2004 que, en el caso de Bogotá, las tarifas de acueducto y alcantarillado en términos reales crecieron entre 1997 y 2002 de la siguiente manera: 232% para el estrato uno, 138% en el estrato dos, 110% en el estrato tres, 59% en el estrato cuatro, 43% en el estrato cinco y 39% en el estrato seis.
Con estos aumentos, no es de extrañar que, según la EAAB, haya habido un promedio anual de 236.754 suscriptores desconectados entre 1998 y septiembre de 2005, sobre un universo total de 1.600.000 suscriptores de acuerdo con el cuadro siguiente:
SUSPENCIONES EFECTIVAS
ENERO 1998 – SEPTIEMBRE 2005
AÑO NUMERO DE SUSPENCIONES DE SERVICIOS
1998 50.402
1999 130.907
2000 227.326
2001 311.922
2002 318.067
2003 476.617
2004 179.774
2005 (Sept) 199.018
Promedio Anual 236.754
Fuente: Información suministrada por la EAAB – Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente – Apoyo Comercial
Tampoco sorprende que, en el 2005 – según el Observatorio de Servicios Públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá - el 82% de los encuestados por el Programa “Bogotá, como vamos” se declare afectado por las altas tarifas del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo.
Las razones para explicar este fenómeno son diversas y seguramente existen notables diferencias entre las interpretaciones que se pueden hacer de las cifras y de los hechos. En mi opinión son tres los factores que han incidido en este escandaloso incremento del agua para la población de Bogotá, a saber:
1.- El peso histórico de los costos de la construcción del sistema Chingaza, que entró en servicio en 1985, y la necesidad de ampliar y adecuar las redes de distribución para poder utilizar el agua que aportaba Chingaza. Esto implicó además de la construcción del embalse de San Rafael; el reemplazo de 280 kilómetros de redes primarias y colectores de alcantarillado; la construcción del túnel de “Los Rosales”, que conduce agua proveniente de Chingaza desde Santa Ana, en el norte de la ciudad hasta el tanque de El Silencio, a la altura de la Perseverancia; y la extensión de 140 kilómetros de redes secundarias de acueducto, entre otras obras. Esto explica el denominado “rezago tarifario”, pues las obras se construyeron en los últimos años de la década de los ochenta manteniendo las tarifas que se cobraban a la ciudadanía.
Lo anterior pone de presente las consecuencias de un crecimiento urbano precariamente planificado y fundamentado en la apropiación privada del suelo urbano, cuya construcción resulta un excelente negocio para los capitales que en ella invierten. Este modelo arroja a los estratos pobres a ubicar sus viviendas en sitios que, además del riesgo que suponen para la población que los habita, como los cerros que circundan la ciudad, hacen muy costosa la provisión de servicios públicos para estos sectores, en particular del agua potable. De otra parte, dicho modelo promueve la expansión de la ciudad sobre el territorio circundante generando la necesidad de sucesivas ampliaciones de las redes de servicios públicos.
2.- La política de trasladar los costos de la captación, conducción y suministro del agua a la ciudadanía eliminando los subsidios. Esta política impulsada por el Banco Mundial y plasmada en la Ley 142 de 1993, so pretexto de obtener la eficiencia y la eficacia en la gestión del agua apunta a la mercantilización del vital líquido, el cual es pagado totalmente por los usuarios, cuyos estratos mas altos (5 y 6) subsidian a los de menores ingresos (1, 2 y 3). La composición de la tarifa y su forma de aplicación en Bogotá han recibido fuertes críticas por incluir elementos que nada tienen que ver con el costo del agua como un impuesto para “preservar la seguridad democrática” por cuyo concepto fue recaudada a corte de 30 de Septiembre de 2005, la suma de $3.286.954.000,oo . De otra parte la Contraloría de Bogotá D.C., en su informe “Desprivatizar la EAAB para rescatar su esencia social”, publicado en Agosto de 2005, demostraba que la aplicación de la metodología tarifaria elaborada en desarrollo de la citada Ley por la CRA, implicaba el traslado a los usuarios de las ineficiencias de la Empresa. Según la Contraloría , los costos de funcionamiento se incrementaron en un 297% entre 1997 y 2003, mientras que la “producción” de agua se ha disminuido en el mismo período, habiéndose reducido el volumen facturado en un 13,7%. En este mismo período el costo del m3 facturado se incrementó en un 239,5%.
“En suma, la EAAB gasta cada día mas, su estructura de costos se incrementa, al tiempo que factura menos volumen de agua. El secreto para no ir a la liquidación de la empresa, se encontró en la fórmula de incrementar las tarifas, abusando de su posición dominante en su carácter de monopolio”
Al cuadro de ineficiencia que viene presentando la EAAB, no son ajenos los procesos de privatización que le fueron impuestos, como veremos mas adelante. El conjunto del problema que se viene presentando y que ha sido ilustrado ampliamente por la Contraloría Distrital y el propio sindicato de la EAAB, pone en evidencia que las políticas empresariales y privatizadoras de la gestión del agua no han dado los resultados esperados y proclamados de eficiencia y reducción de costos sino todo lo contrario.
De otra parte, la tarifa del agua en Bogotá, a diferencia de otras ciudades del país, incluye el alcantarillado pluvial, lo cual desde luego la incrementa, sin que los costos provenientes de esta infraestructura tengan nada que ver con el suministro del agua.
A partir de Enero de 2006 la actual administración de la EAAB, hizo una reducción de la tarifa al eliminar proyectos de inversión en rondas de ríos, recuperación de cuencas hidrográficas y construcción de ciclorutas, entre otros. Esta reducción, que alcanzó un 13%, si bien representa una buena intención, no alcanza a reorientar la tendencia al incremento de las tarifas, lo cual requeriría una política de más fondo como la eliminación de los gestores zonales y cualquier otra forma de privatización, la reducción real de costos y otras medidas de austeridad. La Contraloría en el informe citado llama la atención sobre la necesidad de revisar gastos administrativos como: “Gestión comercial y operacional, Gestores Privados: $37.545 millones” y “Estudios, asesorías, auditorías y consultorías aplicadas a costos administrativos: $15.975 millones”, entre otros.
3.- La privatización de la gestión del agua, el elemento fundamental de la política plasmada en la Ley 142 de 1994, que en Bogotá ha tenido dos desarrollos que merece la pena comentar.
En primer lugar, la delegación en tres empresas privadas que actúan, en las cinco zonas de servicios en que se dividió la ciudad, como operadores de actividades claves como la medición del consumo y la facturación, la atención al usuario, hoy convertido en “cliente”, y la asesoría e interventoría en obras, entre otras importantes funciones. La remuneración de los contratistas se hace por metro cúbico consumido lo cual ha conducido a no pocos abusos en la medición y facturación de los consumos.
La Contraloría Distrital, en el informe ya mencionado llega a una conclusión contundente: “La estrategia acogida hoy por la Empresa en la que entrega gran parte de la gestión a empresas privadas, no ha alcanzado los objetivos en la reducción de pérdidas de agua, el mejoramiento de la atención a los usuarios, el fortalecimiento de la imagen de la EAAB y el ahorro de recursos”
Esta conclusión es ratificada en el informe entregado por la Contraloría al Gerente de la EAAB, el 7 de Noviembre de 2006, en el cual evalúa los resultados de los contratos de gestión existentes con los operadores zonales.
Uno de los aspectos incumplidos por los contratistas ha sido la reducción del Indice de Agua No Contabilizada – IANC- . Uno de sus compromisos era establecer el “índice de arranque”, es decir el porcentaje de agua que se perdía al comenzar los contratos, a fin de programar las metas de reducción correspondientes. Esta obligación se vino a cumplir solo dos años después, en tres de las zonas. El IANC presenta valores muy elevados pues era del 34,8% en el 2002, ascendió al 39,7% en el 2003 y en el 2004, experimentó una pequeña disminución al llegar 37,8%.
Lo anterior ha significado que en el lapso de los seis primeros semestres de ejecución de los contratos con los operadores privados se hayan dejado de cobrar 700 millones de metros cúbicos de agua y por consiguiente no se hayan recaudado 1.255 millones de pesos, según cálculos de la Mesa Distrital de Servicios Públicos, auspiciada por Planeta Paz . Esta misma mesa calcula, con base en el informe de la Contraloría Distrital de 7 de Noviembre de 2007, que las pérdidas generadas a la EAAB por los Gestores Zonales privados ascendían a 30 de Diciembre de 2005, a la suma de 106.455 millones de pesos mientras que en ese mismo lapso las empresas privadas habían recibido por su “gestión”, la cantidad de 144.478 millones de pesos. Dichas pérdidas se debieron a diversos incumplimientos relacionados con: agua no contabilizada, silencio administrativo positivo ante las reclamaciones de los usuarios, multas impuestas por la SSPD, por no responder dichas reclamaciones, pérdida del 50% de la inversión hecha por la EAAB para reducir el IANC, entre otros conceptos.
De aquí hasta el fin del año la EAAB debe tomar la decisión de renovar o no los contratos con los actuales gestores zonales especializados. En ese sentido debe acogerse la recomendación de la Mesa Distrital de Servicios Públicos en el sentido de dar por terminados dichos contratos y en consecuencia no proceder a su renovación.
El otro fracaso de la privatización del agua en Bogotá está representado por la denominada “Concesión Tibitoc”, que desembocó en que la EAAB tuvo que notificar a la concesionaria “Consorcio Corporación Financiera del Valle – Compaigne Générale Des Eux – Fanalca S.A.” , su decisión de dar por terminado el contrato de concesión de la planta de tratamiento de agua de Tibitoc . La razón es que en dicho contrato se pactó una “demanda mínima garantizada” en virtud de la cual la EAAB quedó obligada a pagar por una determinada cantidad de metros cúbicos de agua tratada en dicha planta una suma de dinero predeterminada en el contrato, independientemente de la cantidad de agua que realmente fuera suministrada a la población. Como el consumo real fue inferior al previsto en el contrato, la EAAB pagó al mencionado consorcio, por agua no utilizada, la friolera de 38.712 millones de pesos (19 millones de dólares) entre 1999 y Agosto de 2005. Para terminar el contrato, la EAAB deberá pagar al concesionario una indemnización de 67.1 millones de dólares y aún así se ahorrará 32 millones de dólares que debería desembolsar si el contrato continuara hasta el cumplimiento del plazo pactado que vence en el 2019.
Como bien lo señalaba el Contralor Distrital, Oscar González Arana, “…llama la atención el repudiable hecho que mientras la EAAB paga a una empresa privada $ 38.712 millones por 160,49 millones de metros cúbicos de agua que no es utilizada, en ese mismo período, le fue suspendido en promedio anual el servicio a 236.754 familias bogotanas por falta de pago…” .
Además de lo anterior, el costo del metro cúbico de agua tratada por el consorcio privado en la Planta de Tibitoc, es escandalosamente superior al de la Planta Wiesner operada directamente por la EAAB. Así por ejemplo en el 2004, el costo del m3 en la primera fue de $224,81 frente a solo $ 33,16 en la segunda . Este es otro de los factores que han conducido al incremento de la tarifa del agua en Bogotá.
En resumen, el agua que la ciudad extrae de la región en grandes cantidades debido a su actual modelo expansivo, es hoy en día comercializada cobrando elevadas tarifas a los usuarios. La cobertura del servicio de acueducto es en Bogotá cercana al 100% pero si se mantienen las altas tarifas y lo que es peor si se incrementan, cada vez más usuarios se verán desconectados del servicio. El promedio de usuarios suspendidos, 236.754 en los últimos seis años es ya muy elevado e implica que alrededor de un millón de habitantes, en promedio, carecen o tienen serias dificultades para acceder al agua necesaria para sus necesidades vitales. A los riesgos de insostenibilidad en el suministro a mediano y largo plazo se añade entonces la insostenibilidad social a corto plazo.
IV.- ÚSELA Y TÍRELA
Bogotá, como hemos visto, toma el agua de la región, la usa y luego la devuelve como agua residual, altamente contaminada. Esto se expresa de manera dramática en el río Bogotá convertido en alcantarilla. Este hecho generador de insalubridad y deterioro ambiental es inocultable, pero no ha conducido a plantear lo obvio: recuperar el río. En cambio, en los últimos veinte años, se vienen debatiendo diversas alternativas que apuntan más hacia aspectos parciales como la descontaminación o la prevención de inundaciones, sin una visión integral tanto del problema como de las soluciones.
La línea divisoria de los planes de la ciudad en relación con los problemas del río es la decisión de la segunda administración Mockus de dar por terminado unilateralmente el contrato entre el DAMA y la compañía “Bogotana de Aguas y Saneamiento – BAS-” , suscrito el 20 de Septiembre de 1993, para la construcción de tres plantas de tratamiento ubicadas en las intercepciones de los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo, aduciendo la ineficiencia de la Planta de el Salitre. Paradójicamente había sido el Alcalde Mockus, en su primera administración un defensor entusiasta del esquema de descontaminación implementado por la compañía francesa con base en las recomendaciones hechas por Biwater y EPAM Ltda.
Se pasó así de una solución basada en la construcción de tres plantas, con tres tipos de tratamiento que permitirían entregar agua descontaminada al río, a la construcción de un interceptor que conduce las aguas residuales a una planta que se construirá en el sitio de Canoas (municipio de Soacha), pocos kilómetros antes de que el río salga de la Sabana precipitándose por el Salto del Tequendama.
Los términos económicos del contrato con la compañía francesa, extremadamente onerosos, fueron uno de los factores que condujeron a su cancelación. Sin embargo, el costo de la nueva solución no es mucho menor y su eficacia en términos de la descontaminación del río muy inferior.
“Somos río Bogotá”, un grupo de organizaciones ciudadanas apoyadas por ECOFONDO, ha adelantado un proceso de seguimiento a los problemas del río, promoviendo la participación ciudadana y la apropiación social del territorio. Algunas de las críticas hechas por este grupo al actual esquema de descontaminación del río, avalado por el Documento Conpes 3320 de 2004 y concretado mediante el Acuerdo Interinstitucional firmado entre el MAVDT, la EAAB, el DAMA y la CAR, el 24 de Noviembre de 2006, son las siguientes:
El tratamiento propuesto, según eficiencias de remoción teóricas, presenta una diferencia de eficiencia de remoción de DBO aproximadamente de 30 porcentual con respecto a un tratamiento a nivel secundario. Esto quiere decir que, con relación a la propuesta original (Decreto POT 619/2000, tres plantas con tratamiento a nivel secundario), la nueva propuesta (Decreto POT 469/2003, dos plantas con tratamiento químicamente asistido), tendrá un efluente 33% más contaminado en términos de DBO, lo cual influye directamente en el nivel de oxígeno disuelto, este a su vez es un indicador de vida en los ecosistemas acuáticos” .
La PTAR Canoas, con un tratamiento primario químicamente asistido –TPQA-, “…ni siquiera cumple con la normatividad de vertimientos, pues no remueve el 80% de DBO, como lo exige el Decreto 1594/84, y por lo tanto no reducirá los altos niveles de contaminación de la cuenca baja”.
El Acuerdo Interinstitucional mencionado introdujo una variante en el esquema, pues la Planta del Salitre no solo se ampliará para tratar 8 M3/seg de agua residual, sino que implementará la fase de tratamiento secundario, dejando el agua en condiciones de ser utilizada para la agricultura sin restricciones. Sin embargo, como lo señala “Somos río Bogotá”: “Esto significa que el caudal de la cuenca del río Salitre ya no ingresará al río Bogotá y, por consiguiente, su caudal se verá disminuido, alterando la dinámica hidráulica natural”.
La pústula más visible de la contaminación que genera Bogotá en el sistema hídrico de la Sabana es el caso de “El Muña”. El embalse, otrora escenario de regatas y paseos, es utilizado desde hace varios lustros para almacenar agua contaminada que se bombea desde el río Bogotá, a fin de operar una serie de plantas hidroeléctricas que generan 600 MW. El depósito de esta agua altamente contaminada es un foco de insalubridad, cuyas manifestaciones más evidentes son la plaga de mosquitos que asola a la comunidad de Sibaté y los malos olores que emanan de la represa de los cuales dicha población es la principal victima. La reparación de esta injusticia viene aplazándose y no forma parte de ninguno de los esquemas de descontaminación del río hasta ahora contemplados. Desde luego el actualmente aprobado y ad – portas de ser implementado dejaría indefinidamente sin solución esta aberrante situación, pues, como se indicó, la planta de Canoas hará un tratamiento muy precario de las aguas residuales que recibirá literalmente al final del tubo.
Sobre la solución al problema del embalse del Muña, tanto “Somos río Bogotá” como una mesa técnica organizada por las empresas de Acueducto y Energía de Bogotá han recomendado analizar diversas alternativas, pero hasta ahora lo único que se ha hecho es fumigar el buchón que cubre la represa para afectar el criadero de mosquitos. Esta “solución” valorada positivamente por el actual Gerente de la EAAB, según “Somos río Bogotá”, fue iniciada el 4 de Diciembre de 2006 con Anikilamina 4SL, herbicida químico prohibido en el país por el ICA para fumigaciones en plantas acuáticas y cuerpos de agua; se trata del herbicida más contaminante del grupo al que pertenece el glifosato. El MAVDT, mediante resolución 014 de 4 de Enero de 2007, abrió investigación a la EAAB, EEB, EMGESA y a Nufarm Ltda., distribuidora del químico en Colombia, por violar la normatividad y no seguir el procedimiento de autorización correspondiente. Además, cuatro meses después de aplicado el químico, el buchón ha reaparecido en el embalse. Estamos, pues, ante otro procedimiento ineficaz, pero además ilegal, contaminante y seguramente costoso.
El proyecto de “descontaminación” del río Bogotá se complementa con la denominada “Adecuación hidráulica del río Bogotá”, que implica el dragado del río. Esta obra, que venía siendo preparada por la EAAB, será ejecutada por la CAR conforme al Acuerdo Interinstitucional.
El proyecto de “descontaminación” del río Bogotá, se complementa con la denominada “Adecuación hidráulica del río Bogotá”, que implica el dragado del río. Esta obra que venía siendo preparada por la EAAB será ejecutada por la CAR conforme al Acuerdo Interinstitucional.
El dragado implica la profundización del cauce y la ampliación de la sección hidráulica del río mediante la construcción de un jarillón sobre la margen izquierda. Se estima que el volumen de lodos producidos por el dragado del río será de 2.328.923 m3.
Como puede observarse las dimensiones de la obra y sus costos son gigantescos. Sus beneficios altamente cuestionables. Existen ya algunos estudios que advierten sobre las consecuencias irreversibles de esta obra por sus impactos geomorfológicos, eco - hidrológicos y los nuevos riesgos que genera al tratar de prevenir los existentes. Uno de los estudios señala acertadamente: “El proyecto de dragado del río Bogotá fue diseñado con un único objetivo (control de inundaciones) y desde una única disciplina (hidráulica). De esta manera no se considera en el diseño la amplificación de oportunidades, el análisis de alternativas y los impactos ambientales”.
Debería tenerse en cuenta la opinión del experto Andrea Nardini, Director Técnico del Centro Italiano para la Restauración de los Ríos – CIRF -, quien visitó la ciudad en el 2005: “El proyecto Dragado y Adecuación Hidráulica del río Bogotá levanta algunos interrogantes técnicos. Pero mucho más importante que estos, está la conciencia que mientras el “mundo desarrollado” está yendo con decisión hacia una política de recuperación de los sistemas naturales, y en particular de los ríos, este proyecto sigue la ruta clásica de “dominio de la naturaleza” a través de obras de artificialización. Nuestra inquietud con respecto a este proyecto es evitar que se tome un camino que con mucha probabilidad no solucionará el problema al que apunta: “disminuir el riesgo de inundaciones”, se demostrará en el tiempo que es más costoso de lo previsto, creará otros problemas ambientales y por último, pero quizás lo más importante, impedirá a la ciudad de Bogotá y su población aprovechar de un recurso ambiental con el que no todas las ciudades cuentan: un río” .
Las seudo-soluciones a la problemática del río Bogotá que se vienen reseñando implican enormes costos que serán financiados en buena parte por los ciudadanos mediante el incremento de la tarifa de alcantarillado. A continuación se incluye el cuadro el Cuadro de Obras y Costos
Tabla No. 1 Obras y costos del Acuerdo Interinstitucional para la descontaminación del río Bogotá
OBRA COSTO ENTIDAD FUENTES
Interceptor Engativa - Cortijo US$10,3 millones de dólares EAAB Tarifas
Paliación PTAR Salitre con tratamiento Secundario $528.000 millones de pesos CAR Recursos Predial Tasa Ambiental
Interceptor Fucha - Tunjuelito US$78,8 millones de dólares EAAB Tarifas
Interceptor Tunjuelito – Canoas US$114 millones dedolares EAAB Tarifas
Estación elevadora del Tunjuelo US$57 millones de dólares EAAB Crédito y Tarifas
Dragado y adecuación hidráulica del río Bogotá $175.000 millones de pesos CAR Recursos Predial Tasa Ambiental
PTAR Canoas con tratamiento primario químicamente asistido – TPQA US$350 millones de dólares EAAB No están fijos y no está dentro del acuerdo
Saneamiento de las aguas residuales de los municipios Aprox $355.000. millones de pesos MAVDT No están fijos y no están dentro del acuerdo
Organización de las PTAR y saneamiento planteado por CAR crédito con el BID US$50 millones de dólares CAR No están en el acuerdo
Fuente: Datos Gerente General EAAB, intervención Comisión Sexta de Cámara
Como puede verse, los interceptores Engativá – Cortijo, Fucha – Tunjuelo y Tunjuelo – Canoas, cuyos costos suman 203 millones de dólares, se financiarán con cargo a las tarifas de alcantarillado, es decir, serán pagados por la ciudadanía y los demás usuarios. Aquella ya agobiada por las altas tarifas de agua, alcantarillado y aseo existentes en la ciudad soportará nuevos incrementos. ¿Valen la pena nuevos sacrificios para financiar obras que, como hemos visto, no descontaminan el río?
En relación con lo anterior y teniendo en cuenta que la planta de Canoas, cuyo costo es de 350 millones de dólares, no tiene financiación, es pertinente citar al propio Gerente de la EAAB, quien ha manifestado: “Si el cien por ciento del valor de esta PTAR lo financiara el Distrito Capital generaría un problema tarifario, incorporar este costo a tarifas sería imposible, reventaría las tarifas, si adicionamos el costo de la PTAR a las tarifas, estas se elevarían en un 20% a 25%”. Más recientemente, el mismo Gerente ha dado declaraciones optimistas sobre la financiación de esta planta, sin revelar las fuentes de financiación. Sin embargo, este tema es fundamental y la advertencia que el funcionario hace sobre los aumentos tarifarios, sin tener en cuenta los que indudablemente se producirán por la construcción de los interceptores, es alarmante. De contera, el esquema de descontaminación, sin asegurar la financiación de la Planta de Canoas, conduciría a construir un costoso sistema de conducción de aguas residuales que no podrían ser tratadas.
Estamos, pues, ante una “solución” que no descontamina el río, que no resuelve el problema del Muña, que en la medida en que es ineficiente no justifica sus costos y que no está completamente financiada.
Pero, hay algo más de fondo; aun resolviendo los problemas de financiación, estas seudo-soluciones no se encaminan a recuperar el río, pues atacan aspectos del problema, pero no lo abordan integralmente, y en esa medida terminan favoreciendo intereses particulares como los de los propietarios de tierras y los urbanizadores, los agricultores del Distrito de Riego de la Ramada, los de EMGESA, operador privado de la hidroeléctrica de El Muña y, desde luego, constituyen un excelente contrato para quienes construyan los interceptores, las plantas, draguen el río, etc.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La principal conclusión es que si, como se ha visto, los problemas del agua condensan los del territorio, necesitamos ante todo una política de ordenamiento territorial que implique un cambio del modelo actual en el que una megalópolis como Bogotá, explota y pone a su servicio los recursos de la región y luego de usarlos devuelve los deshechos de las actividades urbanas contaminando la región como ocurre con las aguas residuales que van a parar al río Bogotá. Esta política implica un búsqueda del equilibrio tanto como poblacional como económico, lo cual implica una nueva relación ciudad – región, en donde la primera no predomine sobre la segunda y se tengan en cuenta además los determinantes ambientales relacionados con la capacidad de carga de los ecosistemas que conforman la región.
En lo anterior juega un papel fundamental la adopción de una nueva política de gestión del agua a nivel nacional, diferente a la actual cuya implementación en Bogotá ha sido realmente desastrosa. Los principios de esa nueva política los resume la actual iniciativa del Comité Nacional de Defensa del Agua y de la Vida que impulsa un referendo para establecer: el acceso al agua potable como derecho fundamental; la gestión pública y comunitaria del agua por contraposición a la gestión privatizadora que viene imponiéndose desde la banca multilateral y la protección especial y efectiva de los ecosistemas estratégicos para el ciclo hidrológico. El apoyo de la nueva administración de Bogotá a esta iniciativa de la sociedad civil es fundamental pues la ciudad vive las consecuencias de la política actualmente imperante que se traduce en incremento de las tarifas y exclusión de la población del acceso al agua.
Puntualmente las recomendaciones que surgen de este documento son las siguientes:
1.- No renovar los contratos con las empresas privadas que actúan como gestores zonales especializados. En cambio iniciar la reestructuración de la EAAB, reduciendo sus costos y ampliando la participación ciudadana y comunitaria en la gestión del agua y de la empresa misma. Desde luego la EAAB debe elaborar un plan de contingencia para asumir las labores actualmente delegadas a los mencionados gestores.
2.- Llevar a término las acciones necesarias para dar por terminado el contrato de la concesión Tibitoc, estudiando las alternativas que conduzcan a no tener que pagar la cuantiosa indemnización que se deriva del mismo. Existen experiencias en América Latina en donde la presión social ha logrado evitar estas indemnizaciones que se constituyen en un verdadero chantaje a favor de las compañías multinacionales. Actualmente la ciudadanía de Bogotá no esta suficientemente informada sobre estos hechos y un primer paso para convocar su solidaridad es precisamente ponerla en conocimiento de la situación.
3.- Suspender las obras y proyectos de descontaminación y dragado del río Bogotá e iniciar con plazo fijo un proceso de concertación y consulta con la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, centros académicos, expertos multidisciplinarios que conduzca a un plan integral de recuperación del río.
4.- Mantener y ejecutar la Política de Humedales que se ha formulado en consenso entre la EAAB y el DAMA hoy Secretaria de Ambiente, pues tiende a recuperar estos espacios fundamentales para el sistema hídrico del Distrito Capital y para la dinámica del río Bogotá a su paso por el borde occidental de la ciudad.
La relación entre agua y ciudad es determinante para la sostenibilidad no solo de esta última sino del territorio que la sustenta, si entendemos que dicho territorio es estructurado por una trama de ecosistemas de los cuales la ciudad hace uso y afecta de diversas maneras. Sin embargo, es frecuente que aquella relación no sea comprendida cabalmente por la falta de conciencia sobre el carácter agotable y limitado de los recursos y, de otra parte, por la ceguera ante las consecuencias de las actividades urbanas en el mismo entorno regional del cual toma los recursos y en las regiones contiguas.
Para decirlo con palabras de Jeremmy Rafkin, Presidente de la Fundación sobre las Tendencias Económicas, de Washington, al llamar la atención sobre el 2007 como el año en que por primera vez en la historia la mayor parte de la humanidad habita en ciudades: “La otra cara de la urbanización es la estela que dejamos en nuestro camino hacia un mundo de edificios de oficinas de 100 plantas, torres de viviendas y paisajes de cristal, cemento, luz artificial e interconectividad eléctrica. No es casualidad que mientras celebramos la urbanización del mundo, nos aproximemos rápidamente a otro hito histórico: la desaparición de la naturaleza. El crecimiento de la población y el consumo de comida y agua, la ampliación de las carreteras y los ferrocarriles, y la expansión urbana siguen invadiendo la Naturaleza y la abocan a la extinción”.
Sin embargo, es necesario reconocer que en los últimos quince años viene aumentando la comprensión de la compleja relación entre ciudad y entorno natural, entre culturas y ecosistemas gracias a la confluencia de diferentes procesos tales como la emergencia de movimientos ambientalistas urbanos, la creciente sinergia entre dichos movimientos y los de usuarios de servicios públicos, de algunos sectores del sindicalismo, de pobladores urbanos y las organizaciones indígenas y afrodescendientes, y en no escasa medida por la importancia que la Ley 99 de 1993 otorgó a la gestión ambiental urbana, expresada en la conformación de entidades con diversos grados de autonomía encargadas de dicha gestión. A lo anterior no ha sido ajena la gran labor desarrollada por el Consejo Territorial de Planeación de Bogotá.
Sin pretender convertirme en vocero de los anteriores movimientos e instituciones, recojo en los comentarios que hago a continuación algunos de los criterios, críticas, elaboraciones y propuestas que desde ellos se han desarrollado y por eso comienzo por agradecer la colaboración que tuve de varias de las personas vinculadas a tales espacios en la elaboración de este documento.
Para abordar entonces la difícil y compleja relación entre agua y ciudad, a propósito del desarrollo de Bogotá y advirtiendo que al referirme al “agua”, más que en el líquido como tal, estoy pensando en el ciclo hidrológico y en los ecosistemas que le sirven de soporte y a la vez lo moldean, desarrollo el tema alrededor de tres sencillas preguntas: ¿de dónde viene el agua que usamos en la ciudad?, ¿cómo y en qué la usamos? y ¿en qué estado la devolvemos a la región?.
II.- UNA CIUDAD EN BUSCA DEL AGUA.
Bogotá, ubicada a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, cuenta, sin embargo, con abundantes fuentes de agua, relativamente cercanas a la ciudad; lo cual no es frecuente en establecimientos urbanos construidos a tal altura, los cuales son por demás escasos en el planeta. A medida que la población de la ciudad fue creciendo las fuentes de agua fueron siendo sustituidas. Así los ríos San Francisco y San Agustin que la surtieron inicialmente, fueron reemplazados hacia 1933 por el Tunjuelito, cuyas aguas se embalsaron en La Regadera; la ciudad contaba entonces con 300.000 habitantes aproximadamente. En 1959, con una población cercana al millón y medio de habitantes, se comenzaron a utilizar las aguas del río Bogotá, mediante la construcción de la Planta de Tratamiento de Tibitoc, ubicada en jurisdicción de Zipaquirá. A mediados de la década del 60, con una visión de ciudad a futuro que el Plan Maestro de Alcantarillado estimaba en 5.000.000 de habitantes para 1980, se iniciaron los estudios que condujeron en la construcción del sistema Chingaza que implicó el primer trasvase de aguas que vierten hacia una cuenca diferente a la que sirve de asiento a la ciudad. Para ello se utilizaron aguas del río Guatiquía, que pertenece a la cuenca del Orinoco.
Lo anterior significa que el crecimiento poblacional ha determinado un incremento progresivo de la intervención en el territorio para poner sus aguas al servicio del crecimiento urbano, señalando de paso los límites de dicho crecimiento.
Bogotá cuenta actualmente con un sistema de abastecimiento con una capacidad total de oferta estimada en el POT en 25 M3/seg y conformado por el sistema del río Tunjuelo con un caudal regulado de 1 M3/seg, el sistema del río Bogotá (planta Tibitoc) con un caudal regulado de 10,5 M3/seg y el sistema Chingaza con una capacidad de 13,5 M3/seg de caudal regulado .
En 1993, la ciudad se encaminaba hacia una mayor captación de agua, ampliando su intervención en la cuenca orinoquense mediante la construcción de Chingaza II y el aprovechamiento del Macizo del Sumapaz. Además, se planeaba el aprovechamiento adicional del río Tunjuelo mediante la construcción de la Regadera II y la utilización de aguas subterráneas.
La disminución de los consumos, que pasaron de 70 M3 por usuario en la década del 80 a 40 M3 en 1996 y la emergencia presentada en el sistema Chingaza a mediados de los noventa, que indujo a la población al ahorro del agua, han aplazado los planes de expansión. La población de Bogotá, según el último censo, asciende a 6.840.116 habitantes, cifra inferior a la proyectada y, aunque la tasa de crecimiento poblacional sigue siendo superior a la del resto del país, los supuestos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial parecen cumplirse. Según estos “… se espera que un nuevo proyecto de abastecimiento debe entrar en operación en el año 2010, manteniendo el criterio de que debe darse cuando se alcance el 0,90 de la oferta de agua”. Si se presenta lo que el POT denomina “escenario bajo”, es decir, un crecimiento poblacional menor al esperado, las obras de expansión podrían aplazarse hasta el 2017. Estas proyecciones incluyen a los municipios actualmente atendidos por la EAAB, los cuales representan el 11% de la demanda.
En relación con el uso de aguas subterráneas como fuente de abastecimiento para la ciudad, posibilidad contemplada en algunos momentos, debe tenerse en cuenta que según el Profesor Thomas Van Der Hammen, al realizar el balance global anual de agua en la cuenca alta del río Bogotá, la cantidad de agua que se infiltra es de solo 10 Mm3 y que en consecuencia, según el mismo científico: “Si este valor es correcto, la extracción actual de agua subterránea sería mucho mayor que la recarga, unas 4 ó 5 veces, lo que significará una explotación no sostenible. El descenso fuerte del nivel de agua subterránea parece confirmar esta conclusión” .
A lo anterior habría que añadir que, según el DAMA, “aunque hay una gran cantidad de agua subterránea almacenada en los Acuíferos de Santa Fe de Bogotá, la recarga es únicamente del orden de 1 M3/s. Los inventarios actuales dan también un caudal de bombeo del orden de 1 M3/s. Es decir que, a nivel regional de la ciudad y alrededores, aproximadamente se está utilizando lo que se está recargando en forma natural” . Por consiguiente, incrementar los niveles de extracción de agua subterránea ya existentes sería caminar hacia un balance desfavorable lo cual agravaría la situación planteada por Van Der Hammen para el conjunto de la Sabana.
Sin embargo y de acuerdo con lo anterior, Bogotá ha escapado, en los últimos años, a las situaciones más agudas de la espiral crecimiento – demanda, lo cual no significa que la tendencia a intervenir ecosistemas cada vez más lejanos y a realizar inversiones progresivamente más cuantiosas para sostener el crecimiento urbano no se cumplan para esta ciudad. Habría que calcular el impacto que las intervenciones ya realizadas han tenido sobre estos ecosistemas, en particular sobre la cuenca del Orinoco y los que se producirán en el futuro en relación con esta cuenca y con el Páramo de Sumapaz, el ecosistema más grande del mundo en su género.
Lo aconsejable desde el punto de vista de la sostenibilidad sería repensar el desarrollo de la ciudad en relación con la región, teniendo en cuenta la fuerte tendencia a la concentración de actividades en ella; pero esta reflexión seguramente será objeto de otro de los documentos que forman parte de este Foro y por tal razón no avanzo en la misma.
III.- LA TARIFA DE AGUA MÁS COSTOSA DEL PAÍS Y UNA DE LAS MÁS ELEVADAS DE AMÉRICA LATINA.
El 30 de enero del presente año se hizo público un estudio de Proexport, según el cual el valor del M3 de agua en Bogotá ascendía a $1.816, mientras que en otras ciudades, como Cali, su valor es de $992,80; en Medellín, $ 983,00; en Barranquilla, $1.207,00; en Cartagena, $ 1.312,00; en Cúcuta, $ 845,00; y en Bucaramanga, $829,00.
De otra parte, ya la Contraloría General de la República había advertido en el año 2004 que, en el caso de Bogotá, las tarifas de acueducto y alcantarillado en términos reales crecieron entre 1997 y 2002 de la siguiente manera: 232% para el estrato uno, 138% en el estrato dos, 110% en el estrato tres, 59% en el estrato cuatro, 43% en el estrato cinco y 39% en el estrato seis.
Con estos aumentos, no es de extrañar que, según la EAAB, haya habido un promedio anual de 236.754 suscriptores desconectados entre 1998 y septiembre de 2005, sobre un universo total de 1.600.000 suscriptores de acuerdo con el cuadro siguiente:
SUSPENCIONES EFECTIVAS
ENERO 1998 – SEPTIEMBRE 2005
AÑO NUMERO DE SUSPENCIONES DE SERVICIOS
1998 50.402
1999 130.907
2000 227.326
2001 311.922
2002 318.067
2003 476.617
2004 179.774
2005 (Sept) 199.018
Promedio Anual 236.754
Fuente: Información suministrada por la EAAB – Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente – Apoyo Comercial
Tampoco sorprende que, en el 2005 – según el Observatorio de Servicios Públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá - el 82% de los encuestados por el Programa “Bogotá, como vamos” se declare afectado por las altas tarifas del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo.
Las razones para explicar este fenómeno son diversas y seguramente existen notables diferencias entre las interpretaciones que se pueden hacer de las cifras y de los hechos. En mi opinión son tres los factores que han incidido en este escandaloso incremento del agua para la población de Bogotá, a saber:
1.- El peso histórico de los costos de la construcción del sistema Chingaza, que entró en servicio en 1985, y la necesidad de ampliar y adecuar las redes de distribución para poder utilizar el agua que aportaba Chingaza. Esto implicó además de la construcción del embalse de San Rafael; el reemplazo de 280 kilómetros de redes primarias y colectores de alcantarillado; la construcción del túnel de “Los Rosales”, que conduce agua proveniente de Chingaza desde Santa Ana, en el norte de la ciudad hasta el tanque de El Silencio, a la altura de la Perseverancia; y la extensión de 140 kilómetros de redes secundarias de acueducto, entre otras obras. Esto explica el denominado “rezago tarifario”, pues las obras se construyeron en los últimos años de la década de los ochenta manteniendo las tarifas que se cobraban a la ciudadanía.
Lo anterior pone de presente las consecuencias de un crecimiento urbano precariamente planificado y fundamentado en la apropiación privada del suelo urbano, cuya construcción resulta un excelente negocio para los capitales que en ella invierten. Este modelo arroja a los estratos pobres a ubicar sus viviendas en sitios que, además del riesgo que suponen para la población que los habita, como los cerros que circundan la ciudad, hacen muy costosa la provisión de servicios públicos para estos sectores, en particular del agua potable. De otra parte, dicho modelo promueve la expansión de la ciudad sobre el territorio circundante generando la necesidad de sucesivas ampliaciones de las redes de servicios públicos.
2.- La política de trasladar los costos de la captación, conducción y suministro del agua a la ciudadanía eliminando los subsidios. Esta política impulsada por el Banco Mundial y plasmada en la Ley 142 de 1993, so pretexto de obtener la eficiencia y la eficacia en la gestión del agua apunta a la mercantilización del vital líquido, el cual es pagado totalmente por los usuarios, cuyos estratos mas altos (5 y 6) subsidian a los de menores ingresos (1, 2 y 3). La composición de la tarifa y su forma de aplicación en Bogotá han recibido fuertes críticas por incluir elementos que nada tienen que ver con el costo del agua como un impuesto para “preservar la seguridad democrática” por cuyo concepto fue recaudada a corte de 30 de Septiembre de 2005, la suma de $3.286.954.000,oo . De otra parte la Contraloría de Bogotá D.C., en su informe “Desprivatizar la EAAB para rescatar su esencia social”, publicado en Agosto de 2005, demostraba que la aplicación de la metodología tarifaria elaborada en desarrollo de la citada Ley por la CRA, implicaba el traslado a los usuarios de las ineficiencias de la Empresa. Según la Contraloría , los costos de funcionamiento se incrementaron en un 297% entre 1997 y 2003, mientras que la “producción” de agua se ha disminuido en el mismo período, habiéndose reducido el volumen facturado en un 13,7%. En este mismo período el costo del m3 facturado se incrementó en un 239,5%.
“En suma, la EAAB gasta cada día mas, su estructura de costos se incrementa, al tiempo que factura menos volumen de agua. El secreto para no ir a la liquidación de la empresa, se encontró en la fórmula de incrementar las tarifas, abusando de su posición dominante en su carácter de monopolio”
Al cuadro de ineficiencia que viene presentando la EAAB, no son ajenos los procesos de privatización que le fueron impuestos, como veremos mas adelante. El conjunto del problema que se viene presentando y que ha sido ilustrado ampliamente por la Contraloría Distrital y el propio sindicato de la EAAB, pone en evidencia que las políticas empresariales y privatizadoras de la gestión del agua no han dado los resultados esperados y proclamados de eficiencia y reducción de costos sino todo lo contrario.
De otra parte, la tarifa del agua en Bogotá, a diferencia de otras ciudades del país, incluye el alcantarillado pluvial, lo cual desde luego la incrementa, sin que los costos provenientes de esta infraestructura tengan nada que ver con el suministro del agua.
A partir de Enero de 2006 la actual administración de la EAAB, hizo una reducción de la tarifa al eliminar proyectos de inversión en rondas de ríos, recuperación de cuencas hidrográficas y construcción de ciclorutas, entre otros. Esta reducción, que alcanzó un 13%, si bien representa una buena intención, no alcanza a reorientar la tendencia al incremento de las tarifas, lo cual requeriría una política de más fondo como la eliminación de los gestores zonales y cualquier otra forma de privatización, la reducción real de costos y otras medidas de austeridad. La Contraloría en el informe citado llama la atención sobre la necesidad de revisar gastos administrativos como: “Gestión comercial y operacional, Gestores Privados: $37.545 millones” y “Estudios, asesorías, auditorías y consultorías aplicadas a costos administrativos: $15.975 millones”, entre otros.
3.- La privatización de la gestión del agua, el elemento fundamental de la política plasmada en la Ley 142 de 1994, que en Bogotá ha tenido dos desarrollos que merece la pena comentar.
En primer lugar, la delegación en tres empresas privadas que actúan, en las cinco zonas de servicios en que se dividió la ciudad, como operadores de actividades claves como la medición del consumo y la facturación, la atención al usuario, hoy convertido en “cliente”, y la asesoría e interventoría en obras, entre otras importantes funciones. La remuneración de los contratistas se hace por metro cúbico consumido lo cual ha conducido a no pocos abusos en la medición y facturación de los consumos.
La Contraloría Distrital, en el informe ya mencionado llega a una conclusión contundente: “La estrategia acogida hoy por la Empresa en la que entrega gran parte de la gestión a empresas privadas, no ha alcanzado los objetivos en la reducción de pérdidas de agua, el mejoramiento de la atención a los usuarios, el fortalecimiento de la imagen de la EAAB y el ahorro de recursos”
Esta conclusión es ratificada en el informe entregado por la Contraloría al Gerente de la EAAB, el 7 de Noviembre de 2006, en el cual evalúa los resultados de los contratos de gestión existentes con los operadores zonales.
Uno de los aspectos incumplidos por los contratistas ha sido la reducción del Indice de Agua No Contabilizada – IANC- . Uno de sus compromisos era establecer el “índice de arranque”, es decir el porcentaje de agua que se perdía al comenzar los contratos, a fin de programar las metas de reducción correspondientes. Esta obligación se vino a cumplir solo dos años después, en tres de las zonas. El IANC presenta valores muy elevados pues era del 34,8% en el 2002, ascendió al 39,7% en el 2003 y en el 2004, experimentó una pequeña disminución al llegar 37,8%.
Lo anterior ha significado que en el lapso de los seis primeros semestres de ejecución de los contratos con los operadores privados se hayan dejado de cobrar 700 millones de metros cúbicos de agua y por consiguiente no se hayan recaudado 1.255 millones de pesos, según cálculos de la Mesa Distrital de Servicios Públicos, auspiciada por Planeta Paz . Esta misma mesa calcula, con base en el informe de la Contraloría Distrital de 7 de Noviembre de 2007, que las pérdidas generadas a la EAAB por los Gestores Zonales privados ascendían a 30 de Diciembre de 2005, a la suma de 106.455 millones de pesos mientras que en ese mismo lapso las empresas privadas habían recibido por su “gestión”, la cantidad de 144.478 millones de pesos. Dichas pérdidas se debieron a diversos incumplimientos relacionados con: agua no contabilizada, silencio administrativo positivo ante las reclamaciones de los usuarios, multas impuestas por la SSPD, por no responder dichas reclamaciones, pérdida del 50% de la inversión hecha por la EAAB para reducir el IANC, entre otros conceptos.
De aquí hasta el fin del año la EAAB debe tomar la decisión de renovar o no los contratos con los actuales gestores zonales especializados. En ese sentido debe acogerse la recomendación de la Mesa Distrital de Servicios Públicos en el sentido de dar por terminados dichos contratos y en consecuencia no proceder a su renovación.
El otro fracaso de la privatización del agua en Bogotá está representado por la denominada “Concesión Tibitoc”, que desembocó en que la EAAB tuvo que notificar a la concesionaria “Consorcio Corporación Financiera del Valle – Compaigne Générale Des Eux – Fanalca S.A.” , su decisión de dar por terminado el contrato de concesión de la planta de tratamiento de agua de Tibitoc . La razón es que en dicho contrato se pactó una “demanda mínima garantizada” en virtud de la cual la EAAB quedó obligada a pagar por una determinada cantidad de metros cúbicos de agua tratada en dicha planta una suma de dinero predeterminada en el contrato, independientemente de la cantidad de agua que realmente fuera suministrada a la población. Como el consumo real fue inferior al previsto en el contrato, la EAAB pagó al mencionado consorcio, por agua no utilizada, la friolera de 38.712 millones de pesos (19 millones de dólares) entre 1999 y Agosto de 2005. Para terminar el contrato, la EAAB deberá pagar al concesionario una indemnización de 67.1 millones de dólares y aún así se ahorrará 32 millones de dólares que debería desembolsar si el contrato continuara hasta el cumplimiento del plazo pactado que vence en el 2019.
Como bien lo señalaba el Contralor Distrital, Oscar González Arana, “…llama la atención el repudiable hecho que mientras la EAAB paga a una empresa privada $ 38.712 millones por 160,49 millones de metros cúbicos de agua que no es utilizada, en ese mismo período, le fue suspendido en promedio anual el servicio a 236.754 familias bogotanas por falta de pago…” .
Además de lo anterior, el costo del metro cúbico de agua tratada por el consorcio privado en la Planta de Tibitoc, es escandalosamente superior al de la Planta Wiesner operada directamente por la EAAB. Así por ejemplo en el 2004, el costo del m3 en la primera fue de $224,81 frente a solo $ 33,16 en la segunda . Este es otro de los factores que han conducido al incremento de la tarifa del agua en Bogotá.
En resumen, el agua que la ciudad extrae de la región en grandes cantidades debido a su actual modelo expansivo, es hoy en día comercializada cobrando elevadas tarifas a los usuarios. La cobertura del servicio de acueducto es en Bogotá cercana al 100% pero si se mantienen las altas tarifas y lo que es peor si se incrementan, cada vez más usuarios se verán desconectados del servicio. El promedio de usuarios suspendidos, 236.754 en los últimos seis años es ya muy elevado e implica que alrededor de un millón de habitantes, en promedio, carecen o tienen serias dificultades para acceder al agua necesaria para sus necesidades vitales. A los riesgos de insostenibilidad en el suministro a mediano y largo plazo se añade entonces la insostenibilidad social a corto plazo.
IV.- ÚSELA Y TÍRELA
Bogotá, como hemos visto, toma el agua de la región, la usa y luego la devuelve como agua residual, altamente contaminada. Esto se expresa de manera dramática en el río Bogotá convertido en alcantarilla. Este hecho generador de insalubridad y deterioro ambiental es inocultable, pero no ha conducido a plantear lo obvio: recuperar el río. En cambio, en los últimos veinte años, se vienen debatiendo diversas alternativas que apuntan más hacia aspectos parciales como la descontaminación o la prevención de inundaciones, sin una visión integral tanto del problema como de las soluciones.
La línea divisoria de los planes de la ciudad en relación con los problemas del río es la decisión de la segunda administración Mockus de dar por terminado unilateralmente el contrato entre el DAMA y la compañía “Bogotana de Aguas y Saneamiento – BAS-” , suscrito el 20 de Septiembre de 1993, para la construcción de tres plantas de tratamiento ubicadas en las intercepciones de los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo, aduciendo la ineficiencia de la Planta de el Salitre. Paradójicamente había sido el Alcalde Mockus, en su primera administración un defensor entusiasta del esquema de descontaminación implementado por la compañía francesa con base en las recomendaciones hechas por Biwater y EPAM Ltda.
Se pasó así de una solución basada en la construcción de tres plantas, con tres tipos de tratamiento que permitirían entregar agua descontaminada al río, a la construcción de un interceptor que conduce las aguas residuales a una planta que se construirá en el sitio de Canoas (municipio de Soacha), pocos kilómetros antes de que el río salga de la Sabana precipitándose por el Salto del Tequendama.
Los términos económicos del contrato con la compañía francesa, extremadamente onerosos, fueron uno de los factores que condujeron a su cancelación. Sin embargo, el costo de la nueva solución no es mucho menor y su eficacia en términos de la descontaminación del río muy inferior.
“Somos río Bogotá”, un grupo de organizaciones ciudadanas apoyadas por ECOFONDO, ha adelantado un proceso de seguimiento a los problemas del río, promoviendo la participación ciudadana y la apropiación social del territorio. Algunas de las críticas hechas por este grupo al actual esquema de descontaminación del río, avalado por el Documento Conpes 3320 de 2004 y concretado mediante el Acuerdo Interinstitucional firmado entre el MAVDT, la EAAB, el DAMA y la CAR, el 24 de Noviembre de 2006, son las siguientes:
El tratamiento propuesto, según eficiencias de remoción teóricas, presenta una diferencia de eficiencia de remoción de DBO aproximadamente de 30 porcentual con respecto a un tratamiento a nivel secundario. Esto quiere decir que, con relación a la propuesta original (Decreto POT 619/2000, tres plantas con tratamiento a nivel secundario), la nueva propuesta (Decreto POT 469/2003, dos plantas con tratamiento químicamente asistido), tendrá un efluente 33% más contaminado en términos de DBO, lo cual influye directamente en el nivel de oxígeno disuelto, este a su vez es un indicador de vida en los ecosistemas acuáticos” .
La PTAR Canoas, con un tratamiento primario químicamente asistido –TPQA-, “…ni siquiera cumple con la normatividad de vertimientos, pues no remueve el 80% de DBO, como lo exige el Decreto 1594/84, y por lo tanto no reducirá los altos niveles de contaminación de la cuenca baja”.
El Acuerdo Interinstitucional mencionado introdujo una variante en el esquema, pues la Planta del Salitre no solo se ampliará para tratar 8 M3/seg de agua residual, sino que implementará la fase de tratamiento secundario, dejando el agua en condiciones de ser utilizada para la agricultura sin restricciones. Sin embargo, como lo señala “Somos río Bogotá”: “Esto significa que el caudal de la cuenca del río Salitre ya no ingresará al río Bogotá y, por consiguiente, su caudal se verá disminuido, alterando la dinámica hidráulica natural”.
La pústula más visible de la contaminación que genera Bogotá en el sistema hídrico de la Sabana es el caso de “El Muña”. El embalse, otrora escenario de regatas y paseos, es utilizado desde hace varios lustros para almacenar agua contaminada que se bombea desde el río Bogotá, a fin de operar una serie de plantas hidroeléctricas que generan 600 MW. El depósito de esta agua altamente contaminada es un foco de insalubridad, cuyas manifestaciones más evidentes son la plaga de mosquitos que asola a la comunidad de Sibaté y los malos olores que emanan de la represa de los cuales dicha población es la principal victima. La reparación de esta injusticia viene aplazándose y no forma parte de ninguno de los esquemas de descontaminación del río hasta ahora contemplados. Desde luego el actualmente aprobado y ad – portas de ser implementado dejaría indefinidamente sin solución esta aberrante situación, pues, como se indicó, la planta de Canoas hará un tratamiento muy precario de las aguas residuales que recibirá literalmente al final del tubo.
Sobre la solución al problema del embalse del Muña, tanto “Somos río Bogotá” como una mesa técnica organizada por las empresas de Acueducto y Energía de Bogotá han recomendado analizar diversas alternativas, pero hasta ahora lo único que se ha hecho es fumigar el buchón que cubre la represa para afectar el criadero de mosquitos. Esta “solución” valorada positivamente por el actual Gerente de la EAAB, según “Somos río Bogotá”, fue iniciada el 4 de Diciembre de 2006 con Anikilamina 4SL, herbicida químico prohibido en el país por el ICA para fumigaciones en plantas acuáticas y cuerpos de agua; se trata del herbicida más contaminante del grupo al que pertenece el glifosato. El MAVDT, mediante resolución 014 de 4 de Enero de 2007, abrió investigación a la EAAB, EEB, EMGESA y a Nufarm Ltda., distribuidora del químico en Colombia, por violar la normatividad y no seguir el procedimiento de autorización correspondiente. Además, cuatro meses después de aplicado el químico, el buchón ha reaparecido en el embalse. Estamos, pues, ante otro procedimiento ineficaz, pero además ilegal, contaminante y seguramente costoso.
El proyecto de “descontaminación” del río Bogotá se complementa con la denominada “Adecuación hidráulica del río Bogotá”, que implica el dragado del río. Esta obra, que venía siendo preparada por la EAAB, será ejecutada por la CAR conforme al Acuerdo Interinstitucional.
El proyecto de “descontaminación” del río Bogotá, se complementa con la denominada “Adecuación hidráulica del río Bogotá”, que implica el dragado del río. Esta obra que venía siendo preparada por la EAAB será ejecutada por la CAR conforme al Acuerdo Interinstitucional.
El dragado implica la profundización del cauce y la ampliación de la sección hidráulica del río mediante la construcción de un jarillón sobre la margen izquierda. Se estima que el volumen de lodos producidos por el dragado del río será de 2.328.923 m3.
Como puede observarse las dimensiones de la obra y sus costos son gigantescos. Sus beneficios altamente cuestionables. Existen ya algunos estudios que advierten sobre las consecuencias irreversibles de esta obra por sus impactos geomorfológicos, eco - hidrológicos y los nuevos riesgos que genera al tratar de prevenir los existentes. Uno de los estudios señala acertadamente: “El proyecto de dragado del río Bogotá fue diseñado con un único objetivo (control de inundaciones) y desde una única disciplina (hidráulica). De esta manera no se considera en el diseño la amplificación de oportunidades, el análisis de alternativas y los impactos ambientales”.
Debería tenerse en cuenta la opinión del experto Andrea Nardini, Director Técnico del Centro Italiano para la Restauración de los Ríos – CIRF -, quien visitó la ciudad en el 2005: “El proyecto Dragado y Adecuación Hidráulica del río Bogotá levanta algunos interrogantes técnicos. Pero mucho más importante que estos, está la conciencia que mientras el “mundo desarrollado” está yendo con decisión hacia una política de recuperación de los sistemas naturales, y en particular de los ríos, este proyecto sigue la ruta clásica de “dominio de la naturaleza” a través de obras de artificialización. Nuestra inquietud con respecto a este proyecto es evitar que se tome un camino que con mucha probabilidad no solucionará el problema al que apunta: “disminuir el riesgo de inundaciones”, se demostrará en el tiempo que es más costoso de lo previsto, creará otros problemas ambientales y por último, pero quizás lo más importante, impedirá a la ciudad de Bogotá y su población aprovechar de un recurso ambiental con el que no todas las ciudades cuentan: un río” .
Las seudo-soluciones a la problemática del río Bogotá que se vienen reseñando implican enormes costos que serán financiados en buena parte por los ciudadanos mediante el incremento de la tarifa de alcantarillado. A continuación se incluye el cuadro el Cuadro de Obras y Costos
Tabla No. 1 Obras y costos del Acuerdo Interinstitucional para la descontaminación del río Bogotá
OBRA COSTO ENTIDAD FUENTES
Interceptor Engativa - Cortijo US$10,3 millones de dólares EAAB Tarifas
Paliación PTAR Salitre con tratamiento Secundario $528.000 millones de pesos CAR Recursos Predial Tasa Ambiental
Interceptor Fucha - Tunjuelito US$78,8 millones de dólares EAAB Tarifas
Interceptor Tunjuelito – Canoas US$114 millones dedolares EAAB Tarifas
Estación elevadora del Tunjuelo US$57 millones de dólares EAAB Crédito y Tarifas
Dragado y adecuación hidráulica del río Bogotá $175.000 millones de pesos CAR Recursos Predial Tasa Ambiental
PTAR Canoas con tratamiento primario químicamente asistido – TPQA US$350 millones de dólares EAAB No están fijos y no está dentro del acuerdo
Saneamiento de las aguas residuales de los municipios Aprox $355.000. millones de pesos MAVDT No están fijos y no están dentro del acuerdo
Organización de las PTAR y saneamiento planteado por CAR crédito con el BID US$50 millones de dólares CAR No están en el acuerdo
Fuente: Datos Gerente General EAAB, intervención Comisión Sexta de Cámara
Como puede verse, los interceptores Engativá – Cortijo, Fucha – Tunjuelo y Tunjuelo – Canoas, cuyos costos suman 203 millones de dólares, se financiarán con cargo a las tarifas de alcantarillado, es decir, serán pagados por la ciudadanía y los demás usuarios. Aquella ya agobiada por las altas tarifas de agua, alcantarillado y aseo existentes en la ciudad soportará nuevos incrementos. ¿Valen la pena nuevos sacrificios para financiar obras que, como hemos visto, no descontaminan el río?
En relación con lo anterior y teniendo en cuenta que la planta de Canoas, cuyo costo es de 350 millones de dólares, no tiene financiación, es pertinente citar al propio Gerente de la EAAB, quien ha manifestado: “Si el cien por ciento del valor de esta PTAR lo financiara el Distrito Capital generaría un problema tarifario, incorporar este costo a tarifas sería imposible, reventaría las tarifas, si adicionamos el costo de la PTAR a las tarifas, estas se elevarían en un 20% a 25%”. Más recientemente, el mismo Gerente ha dado declaraciones optimistas sobre la financiación de esta planta, sin revelar las fuentes de financiación. Sin embargo, este tema es fundamental y la advertencia que el funcionario hace sobre los aumentos tarifarios, sin tener en cuenta los que indudablemente se producirán por la construcción de los interceptores, es alarmante. De contera, el esquema de descontaminación, sin asegurar la financiación de la Planta de Canoas, conduciría a construir un costoso sistema de conducción de aguas residuales que no podrían ser tratadas.
Estamos, pues, ante una “solución” que no descontamina el río, que no resuelve el problema del Muña, que en la medida en que es ineficiente no justifica sus costos y que no está completamente financiada.
Pero, hay algo más de fondo; aun resolviendo los problemas de financiación, estas seudo-soluciones no se encaminan a recuperar el río, pues atacan aspectos del problema, pero no lo abordan integralmente, y en esa medida terminan favoreciendo intereses particulares como los de los propietarios de tierras y los urbanizadores, los agricultores del Distrito de Riego de la Ramada, los de EMGESA, operador privado de la hidroeléctrica de El Muña y, desde luego, constituyen un excelente contrato para quienes construyan los interceptores, las plantas, draguen el río, etc.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La principal conclusión es que si, como se ha visto, los problemas del agua condensan los del territorio, necesitamos ante todo una política de ordenamiento territorial que implique un cambio del modelo actual en el que una megalópolis como Bogotá, explota y pone a su servicio los recursos de la región y luego de usarlos devuelve los deshechos de las actividades urbanas contaminando la región como ocurre con las aguas residuales que van a parar al río Bogotá. Esta política implica un búsqueda del equilibrio tanto como poblacional como económico, lo cual implica una nueva relación ciudad – región, en donde la primera no predomine sobre la segunda y se tengan en cuenta además los determinantes ambientales relacionados con la capacidad de carga de los ecosistemas que conforman la región.
En lo anterior juega un papel fundamental la adopción de una nueva política de gestión del agua a nivel nacional, diferente a la actual cuya implementación en Bogotá ha sido realmente desastrosa. Los principios de esa nueva política los resume la actual iniciativa del Comité Nacional de Defensa del Agua y de la Vida que impulsa un referendo para establecer: el acceso al agua potable como derecho fundamental; la gestión pública y comunitaria del agua por contraposición a la gestión privatizadora que viene imponiéndose desde la banca multilateral y la protección especial y efectiva de los ecosistemas estratégicos para el ciclo hidrológico. El apoyo de la nueva administración de Bogotá a esta iniciativa de la sociedad civil es fundamental pues la ciudad vive las consecuencias de la política actualmente imperante que se traduce en incremento de las tarifas y exclusión de la población del acceso al agua.
Puntualmente las recomendaciones que surgen de este documento son las siguientes:
1.- No renovar los contratos con las empresas privadas que actúan como gestores zonales especializados. En cambio iniciar la reestructuración de la EAAB, reduciendo sus costos y ampliando la participación ciudadana y comunitaria en la gestión del agua y de la empresa misma. Desde luego la EAAB debe elaborar un plan de contingencia para asumir las labores actualmente delegadas a los mencionados gestores.
2.- Llevar a término las acciones necesarias para dar por terminado el contrato de la concesión Tibitoc, estudiando las alternativas que conduzcan a no tener que pagar la cuantiosa indemnización que se deriva del mismo. Existen experiencias en América Latina en donde la presión social ha logrado evitar estas indemnizaciones que se constituyen en un verdadero chantaje a favor de las compañías multinacionales. Actualmente la ciudadanía de Bogotá no esta suficientemente informada sobre estos hechos y un primer paso para convocar su solidaridad es precisamente ponerla en conocimiento de la situación.
3.- Suspender las obras y proyectos de descontaminación y dragado del río Bogotá e iniciar con plazo fijo un proceso de concertación y consulta con la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, centros académicos, expertos multidisciplinarios que conduzca a un plan integral de recuperación del río.
4.- Mantener y ejecutar la Política de Humedales que se ha formulado en consenso entre la EAAB y el DAMA hoy Secretaria de Ambiente, pues tiende a recuperar estos espacios fundamentales para el sistema hídrico del Distrito Capital y para la dinámica del río Bogotá a su paso por el borde occidental de la ciudad.
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