Las luchas populares expresadas en movimientos sociales en la defensa de las libertades y derechos civiles han sido históricamente criminalizadas por los Estados de nuestro hemisferio, las luchas del pueblo afro americano de los Estados Unidos, las luchas campesinas e indígenas en América central y en el sur del continente fueron fuertemente perseguidas por las fuerzas armadas y de policía durante el siglo XX.
En el presente siglo las cosas no son muy diferentes, la protesta estudiantil y los movimientos de la universidad publica en Colombia vienen siendo reprimidos y junto con ellos se ha desatado una persecusion sin presedentes a los academicos y lideres estudiantiles quienes son acusados de ser miembros o colaboradores de la insurgencia armada, la represion sistematica pone en peligro la libertad de pensamiento y la libertad de catedra, se pone de presente el sentido fundamentalista del Estado y los tiempos de dictadura parecen renacer bajo el modelo de la seguridad democratica en el caso Colombiano. Los movimientos indigenas y campesinos son criminalizados en Guatemala, Honduras y Mexico, los indigenas peruanos son estigmatizados como apatridas por resistir el saqueo de los recursos naturalez.
En este contexto el derecho a la protesta social surge como un nuevo espacio reivindicativo que debe movilizar la solidaridad de los subalternos y contrahegemonicos que desde la fuerza de las ideas representan el derecho a la identidad, al respeto de los derechos humanos y la libertad de pensamiento y asociacion como un derecho cultural fundamental. A continuacion presentamos una serie de reflexiones sobre la criminalizacion de la protesta social en el caso colombiano fundamentalmente. A manera de denuncia apelamos a la solidaridad y a la movilizacion de la opinion publica del hemisferio como parte de la lucha por el respeto a los derechos culturales de los pueblos.
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